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El Municipio de Junín le quitó un terreno al concejal del PRO de nuestra ciudad, Sebastián D´Amorim

Junín de los Andes – En las últimas horas se tomó conocimiento sobre un fallo del Tribunal Superior de Justicia con fecha del 29 de mayo del corriente año, en una causa que, el Municipio de la vecina localidad mantenía con el concejal Sebastián D´Amorim Lima Novo, del bloque PRO de nuestra localidad.

Esta causa es por un terreno en el cual D´Amorim no cumplió con el proyecto y ante las reiterativas llamadas de atención, de las cuales no se obtuvo respuesta, el Juez de la causa, Matías Nicolini resolvió condenar al concejal al desahucio del inmueble individualizado como Lote 12, Manzana 93, ubicado en Parque Industrial de la ciudad de Junín de los Andes.

Parte del extracto del expediente cita así:

En el año 2009, se realiza y obtiene la delimitación
y mensura definitiva del terreno en cuestión, identificándose el
mismo como Lote 12 de la Manzana 93, Nomenclatura Catastral N°
13-20-054-9786.

Luego, mediante Ordenanza N° 1595/2008 se ratifica y
homologa el convenio celebrado entre el actor y el demandado,
promulgándose la misma mediante Resolución N° 049/08 del Poder
Ejecutivo Municipal.

Sostiene que –conforme a los términos de convenio
suscripto entre las partes- el demandado estaba obligado a
cumplir con determinados requisitos, que de no ser cumplidos en
tiempo y forma le otorgaban al Municipio el derecho a solicitar
la resolución contractual.

Detalla que una de las obligaciones o requisitos a
cumplir era la realización de un proyecto que consistía en un
“taller para la producción de trailers, batanes, folding up,
casas rodantes, motorhomes, equipamientos minibases, etc.
fabricación, reparación y reciclado de embarcaciones de río y
lago”.

Dicho proyecto debía ser cumplido en su totalidad
en un plazo estipulado en el contrato de 36 meses a partir de la
fecha de suscripción del convenio (cfr. cláusula Tercera).
Recalca que desde la firma del convenio hasta la
fecha de inicio de la acción, el demandado no cumplió con las
obras proyectadas, razón por la cual se le cursaron varias
notificaciones.

Aclara que las consecuencias del incumplimiento por
parte del demandado se encuentran expresamente previstas en las
cláusulas Octava y Novena del convenio en cuestión.
Funda en derecho, ofrece prueba y formula petitorio.

Debido a que el edil se declaró como “rebelde” ya que no presentó nunca las condiciones que debía cumplir para con el terreno, ni tampoco respondió ninguna de las cartas que le fue enviada, algo que previamente se había firmado, debió soportar las consecuencias del caso.

Allí el documento es claro, y cita lo siguiente:

Como se ha reseñado ut supra, la actora (El Municipio) pretende la
restitución de un inmueble de su propiedad, que le fuera
otorgado al demandado (D´Amorim) mediante la suscripción de un convenio en
el que éste último se obligaba a la realización de ciertas
cargas, bajo pena de rescisión en caso de incumplimiento.

El demandado no se ha presentado en el expediente a
replicar la pretensión de la Municipalidad. El hecho que el
demandado no haya cumplido con la carga impuesta por el art. 48
de la Ley 1305, y que, consecuentemente, haya sido declarado
rebelde en el proceso importa la ausencia de contradicción, pues
no cumplió con la carga procesal que impone la norma citada, en
el sentido de controvertir los hechos alegados por la parte
reclamante.

En este sentido, recordemos que en la legislación
vigente no existe una obligación ni un deber de presentación,
existe sólo una carga procesal en tanto comparecer a juicio
significa un imperativo del propio interés.

El procedimiento en rebeldía supone la omisión del
cumplimiento de un deber procesal y responde a la necesidad de
impedir la paralización del litigio por la sola voluntad de una
de las partes, la que no obstante tener conocimiento de la
acción promovida, se abstiene de tomar intervención en el pleito
(Alsina, Hugo, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t.
V, 2da. Ed., p. 582).

Por ende, quien asume dicha actitud también debe
asumir sus consecuencias negativas.

Sin perjuicio de ello, la declaración de rebeldía de
la parte demandada no otorga por sí misma razón a los argumentos
vertidos por la actora, la que debe probar las cuestiones
alegadas en su pretensión.

En consecuencia, la cuestión se deberá resolver
exclusivamente con el análisis y la valoración de la prueba
aportada a autos por la actora.

Por lo tanto el Juez resolvió lo siguiente:

FALLO:

1°) HACER LUGAR a la demanda interpuesta por la
Municipalidad de Junín de los Andes, condenando al Sr. Sebastián
D´Amorin Lima Novo y/u ocupantes, al desahucio del inmueble
individualizado como Lote 12, Manzana 93, Nomenclatura Catastral
13-20-054-9786, ubicado en Parque Industrial de la ciudad de
Junín de los Andes, en el término de diez (10) días de
notificada la presente, bajo apercibimiento de disponer el mismo
con auxilio de la fuerza pública.

2°) Imponer las costas al demandado, en su carácter
de vencido en juicio (art. 68 del CPCyC y 78 de la Ley 1305).

3°) Diferir la regulación de honorarios de los
profesionales intervinientes hasta tanto se cuente con pautas
para ello.

4°) Protocolícese y notifíquese electrónicamente al
actor, Fiscalía de Estado y Ministerio Público.

Juez Matías E. Nicolini

A juzgar por la fecha, el concejal a esta altura ya debe haber entregado el terreno, caso contrario, la fuerza pública habrá actuado y habrá recuperado dicho terreno.

Todo el expediente, podes leerlo aquí:

OPAZA1EXP50421949_f

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