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La plata de los funcionarios

A propósito de las declaraciones juradas de los funcionarios Nacionales: la legalidad y la legitimidad
Por Claudio Blacher

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A propósito de las declaraciones juradas de los funcionarios Nacionales: la legalidad y la legitimidad


Por Claudio Blacher

Por la ley 25.188 los funcionarios deben presentar una declaración jurada patrimonial y actualizarla
anualmente.
La Oficina Anticorrupción (OA) dio a conocer las últimas presentaciones de los funcionarios, correspondiente al 2016.
Un informe publicado en el diario La Nación (Click aquí) detalla una producción periodística de los datos informados por dicha oficina.
Entre las muchas cuestiones a destacar se encuentra especialmente la declaración jurada del actual Ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Muchas otras también pueden ser motivo de análisis, puntos de vista técnicos, interpretaciones y dar lugar a denuncias varias, algunas ya están en curso.
El Ministro declara 97 millones de pesos, de los cuales 74 millones se encuentran radicados en el exterior.
No hay duda de su origen y legalidad (su padre el conocido Arquitecto Berardo Dujovne, fue dueño de la constructora que edificó la Trump Tower en Uruguay).
Lo que sorprende por lo ilegítimo es que el encargado de seducir a las inversiones extranjeras, clave de la promesas de campaña, y punto determinante del modelo puesto en marcha, no confíe en el país, no de el ejemplo, necesario para motivar a las inversiones en el país, desarrollarlo, dando trabajo nacional e infraestructura para la producción.
No todos pueden ser patriotas, pero tampoco hace falta que ocupen puestos de responsabilidad que deben ser de mínima, ejemplares.
Al mismo tiempo no es novedad el altísimo patrimonio que se observa en muchos de ellos, lo que llevó desde un principio a que toda la población coincida en que era un gobierno de ricos; lo que se demuestra objetivamente en el informe. Aunque vale reconocer que en todo caso sería un posicionamiento subjetivo afirmar que se gobierna para los ricos.
Esto sin cuestionar, que el sistema económico vigente permite enriquecimientos desproporcionados y brechas distributivas enormes en los ingresos, así sean, como en muchos de estos casos, no fruto del esfuerzo, la habilidad o el trabajo, y sea sólo por herencia. Aunque esta es otra discusión.
Pero en una coyuntura social, especialmente sensible con el desenvolvimiento de los funcionarios políticos y cuestionadora de su quehacer, estos datos merecen una reflexión.
Claro está que se acostumbra a cuestionar especialmente a los políticos, probablemente por su grado de exposición y evidente responsabilidad; pero a no dejarse confundir: también se lo hace por el interés de los verdaderos grupos de poder y los medios, en degradarlos, ya que de ésta manera se desmerece la representación popular y se licúa la actividad política, para que el “mercado” pueda hacer y abusar de los más débiles.
En todo caso el cuestionamiento debe hacerse en todos lados, en vastos sectores del mundo del trabajo, la producción y las diferentes Instituciones públicas y privadas, ya que sin duda el enriquecimiento ilícito, la corrupción, la doble moral, está demasiado presente en nuestra cotidianeidad, lo que es una realidad por todos conocida.
En principio sorprende que el discurso de transparencia vigente y lucha contra la corrupción se encuentre conviviendo con tanta incompatibilidad y conflicto de intereses.

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