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El fiscal Vignaroli investigará la denuncia a Sapag por la cuenta de Andorra

Neuquén – El fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmó este lunes que se abrió una investigación preliminar en relación a las publicaciones periodísticas que involucran en un supuesto intento de depositar 5 millones de dólares, de parte del exgobernador de la provincia Jorge Sapag, y del exministro de Energía Guillermo Coco, en un banco de Andorra.

La apertura de la investigación fue resuelta luego de una investigación periodística difundida por el diario español “El País” el viernes pasado, y que fue reproducida por medios de comunicación nacionales y provinciales. Ese mismo día, el ex mandatario provincial presentó una nota en la sede del Ministerio Público Fiscal de Neuquén en la que solicitó ser investigado por el contenido de la publicación.

“Hemos decidido abrir una investigación preliminar”, indicó el fiscal jefe. “El objetivo es determinar la existencia o no de un delito. También habrá que determinar si ese delito, en caso de existir, lo debe investigar la justicia provincial o la justicia federal”, especificó.

En este contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que en los próximos días mantendrá reuniones con autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir el lavado de activos. Lo mismo hará con las autoridades de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).

“La intención de estas reuniones, es poder coordinar con estos ámbitos el intercambio y el análisis de información vinculada a la denuncia efectuada”, explicó.

Según la publicación del diario español, en agosto de 2008, la Banca Privada de Andorra, rechazó la apertura de dos cuentas a Jorge Sapag y Guillermo Coco, por un total de 5 millones dólares. Los fondos, de acuerdo a “El País”, tendrían origen en comisiones y regalías de intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones petroleras. La apertura fue rechazada tras calificar a Sapag “Persona Políticamente Expuesta (PEP)”.

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