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Buscan crear un registro de violentos que no podrán ser candidatos, docentes ni policías

Neuquén – La llamativa presentación la realizó el diputado neuquino por el Frente Grande, Raúl Podestá. La misma coincide con las acciones por el 8M y el resonado doble femicidio de Las Ovejas, aunque Podestá hizo hincapié que se trata de un proyecto en el que viene trabajando desde el año pasado.

“La idea es generar un registro de aquellas personas que cumplan con una de las tres cuestiones: haber sido condenado en sede judicial por violencia de género; por incumplimiento de las ordenes de alejamiento dictadas por la Justicia; o por incumplimiento de los tratamientos médicos obligatorios para personas violentas”, explicó Podestá.

La inscripción en el registro sería por orden del juez y ese registro será de acceso libre para toda la ciudadanía vía web o acercándose a cualquier dependencia del Ejecutivo provincial y poder ver si una persona sobre la que recae una duda está inscripto.

Además el diputado sostuvo que la iniciativa prevé una serie de limitaciones para el accionar político, económico y social de estas personas incluidas en el registro. De esta manera, no podrán incorporarse a la Policía, ni al sistema educativo, no podrán ser proveedores del Estado como así tampoco podrán ser candidatos a elecciones provinciales y municipales.

Señaló también que “abarca una mirada preventiva la incorporación a este registro y una punitiva para poner a estas personas ciertas limitaciones en su accionar”. “Es mucho más riesgoso que tengamos un violento encubierto dentro de la sociedad y pueda cometer los hechos que hemos sido testigos todo este último tiempo y que por ahí estigmaticemos a una persona. Pero estamos hablando de personas condenadas no de las que tienen un proceso”.

Ejemplificó en que es para cuando “el juez dicta la orden perimetral y en casi todos los casos no se cumplen” y se mostró a favor de ser “más rigurosos” con las personas que incumplen porque la consecuencia posterior es la violencia.

Dijo que es una iniciativa preventiva pero también contiene la idea de castigar a estas personas al sacarlas de las fuerzas de seguridad, por el acceso a armas de fuego; al igual que sacarlas frente a las aulas, dado el grado de responsabilidad.

El ministerio de Ciudadanía se encargaría de aplicar la norma, en caso de ser aprobada, en tanto que la Justicia ordenaría el registro.

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