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La insoportable pesadez de las tarifas

La agenda política del gobierno se cocina a fuego lento. Una cuña interpela la gobernabilidad: las tarifas.

Lentamente también, la sociedad va descreyendo del gobierno, porque lo ve incapaz de controlar la suba de precios, no percibe gestos que acompañen los esfuerzos y no se resigna a convalidar los tarifazos que retroalimentan las subas.

Después de la visita del presidente a la región, a propósito de la política energética, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio se aprestaba en la reunión del Consejo Federal de Energía a descargar sobre las provincias, el costo político del aumento de tarifas, vía la reducción de impuestos provinciales. Látigo y chequera otra vez, metodología que el ministerio parece dominar.

Altamente cuestionado por todos, está en el centro de la escena, el ministro de energía Juan José Aranguren (entre los más cuidado del gobierno); a pesar que fue el que más colaboró en la reducción del déficit fiscal, reduciendo en 80.000 millones el gasto de energía.

Claro que el logro respecto del 2016, se debe a los sucesivos aumentos que se pudo aplicar y que todos pagan; al tiempo que se lo hace a costa de reducir el consumo de la canasta básica de los sectores medios y de menos recursos, lo que se ve reflejado en las cadenas de supermercados y comercios.

El gobierno entiende que éste es el momento del ajuste, porque sabe que en un año no electoral esto es posible, al mismo tiempo que aprovecha la ausencia de una oposición organizada que pueda enfrentar estas decisiones.

Para mostrarse vigoroso prepara para el año que viene, el desembolso de dinero para poner en marcha gran parte de la obra pública, alimentada por el preocupante aumento del endeudamiento externo.

Sin embargo frente al aumento sostenido de las tarifas, la oposición más efectiva vino por parte de su propia coalición, cuando la UCR (de la mano del gobernador mendocino Cornejo o el diputado Negri) y Carrió de la Coalición Cíviva, apuntaron al gobierno por el embate tarifario.

Claro que lo hicieron públicamente y por cierto tardíamente, ya que las subas se encuentran hoy en su fase final; así por lo menos se lo proponen en el ejecutivo.

Fue así que la mediática diputada primero armó el zafarrancho, luego escuchó al presidente con la propuesta de financiación del pago en cuotas del servicio, rápidamente se dio por satisfecha y se marchó al día siguiente y en silencio a los Estados Unidos.

Parece entonces que el juego apunta más a tensionar negociaciones internas en la alianza de gobierno, de modo tal de ajustar cuentas puertas adentro, y a la vista de las futuras candidaturas para el próximo año electoral.

Pero no es menos cierto que las balas apunten al corazón del gobierno, dando en su talón de Aquiles, ya que saben que la resolución del déficit fiscal es el principal frente de conflicto que el gobierno debe encarar, para no seguir con la política de endeudamiento que todos saben termina en el abismo.

Este camino conlleva en el gobierno a una decisión: cargar el ajuste sobre las espaldas de los asalariados….mientras aguanten. Arriesgan a pagar un alto costo político, porque es la esencia del plan, aun cuando comprueban que sus socios políticos no están dispuestos a compartirlo. Los socios no lo harán después de tanto destrato y a cambio de haber obtenido tan poco. Aunque también estos, visualizan en ello una oportunidad. Instinto de sobrevivencia del legendario partido de Alem.

Por ello la puesta en escena de la interpelación de los socios de gobierno, terminó con aquella suave corrección del pago en cuotas de las tarifas de gas, para los meses de mayor consumo. Una suerte de Ahora 12, pero con los servicios y además con interés.

No obstante la aplicación del tarifazo alcanzó también las internas del mismo partido de gobierno. La propia Vidal busca reducir su impacto vía descuentos impositivos, al tiempo que se despega de las decisiones.

No hay por cierto, seguridad por el cual este camino termine con la famosa luz al fondo del túnel. Por el contrario se sospecha que la credibilidad que se va rompiendo con su propia base electoral, pueda ser irreversible.

No será para menos, cuando fruto de los aumentos y el mayor consumo del invierno, los usuarios del gas deban pagar en agosto, una boleta cuatro veces mayor en valor a la que pagaron en febrero.

Así fue al menos lo que se desprendió del informe reservado que recibieron en la UCR, la semana que pasó.

Es cierto que el cuadro tarifario representa un debate que tiene más de diez años. La tarifa se encuentra subsidiada y explica una porción del déficit fiscal.

También es verdad que gran parte de la tarifa se debe a la acumulación de impuestos, como el IVA, ingresos brutos, impuestos provinciales y municipales. Pero fundamentalmente del valor mayorista de la energía que lo fija la Nación.

Sin dudas un tema complejo que revela lo que verdaderamente está en discusión, y es dónde se aplica la carga: mientras se establece que millones de usuarios deban hacer frente a enormes aumentos, no se aplica de una vez, la justa vara que establezca equidad en el cuadro tarifario.

Mientras, se permiten los negocios financieros improductivos, la fuga de capitales, la evasión impositiva de capitales que se encuentran en paraísos fiscales, y se facilita su blanqueo.

Al tiempo que se tolera la tenencia de dinero en el exterior de funcionarios de primer nivel, como el propio titular de economía o el mismo ministro de energía, que resguardan parte de sus patrimonios de la “inseguridad” que simultáneamente ayudan a generar.

A propósito de actitudes y ejemplos, habrá que buscar también por allí el origen de la creciente impopularidad, el descontento social que se evidencia y la falta de credibilidad que se percibe.

Alguna vez, quizá, se utilice tanta energía para aplacar, no una boleta de servicios, sino tanta desigualdad de la que nadie se quiere hacer cargo; por ello tal vez, resulte tan insoportable esta pesadez de las tarifas.

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