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Verdad y Justicia

Foto: Diario La Nación

Más preguntas que certezas, más sospechas que pruebas. Una gigantesca y oportuna aparición mediática que no termina de convencer a nadie y pareciera encaminarse rápidamente a desilusionar a la mayoría.

La irrupción mediática de la investigación llevada a cabo por los periodistas del diario La Nación moviliza presunciones, expectativas, cruces de información, allanamientos y detenciones.

Después de meses de investigación periodística se presentan en la Justicia, copias de unos cuadernos con minuciosas y puntillosas anotaciones del chofer de Roberto Baratta, número dos del ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido. El chofer Oscar Centeno detalla allí supuestamente, los recorridos, entregas de bolsos y mochilas con dinero de pagos de coimas entre un conjunto de empresarios contratistas del estado y el poder político.

El complejo entramado involucra entonces, no sólo a estos actores (empresarios y políticos) sino también a los medios de comunicación, y fundamentalmente a la Justicia.

Porque la oportunidad de la presentación de la denuncia hace que la causa recaiga en el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadío, quien “casualmente” acumula una larga trayectoria de cuestionamientos, que van desde su aparición en la famosa servilleta de Corach en el 96, pasando por la causa de los funcionarios del PAMI, su actuación en el caso Amia, los expedientes en su contra en el Consejo de la Magistratura hasta su abierto y mediático enfrentamiento con la ex presidenta y el gobierno anterior.

Es así que el poderoso medio presenta el material, abriendo oportunamente una causa, en momentos críticos para el gobierno, que como dijo irónicamente el analista político Jorge Asís desde su twiter: “A quién le ganaron? Nos vienen con Amorín y El Destape y les tiramos con Bonadío y La Nación”, en alusión a un supuesto comienzo de una cruenta campaña electoral, que comenzó con la información que el portal web de El Destape hiciera, con la investigación del periodista Juan Amorín, por los aportantes “truchos” de la campaña de Cambiemos del 2017 en la provincia de Buenos Aires.

Además del escándalo desatado por los aportes de campaña, la difícil situación económica que falta aún por atravesar, no deja de presentar en forma continua malas noticias: la actividad industrial cae 8,1% según el INDEC, que retrotraen a indicadores del 2002; hay despidos en Iveco y Renault; se anuncian bajas en los plus de los salarios familiares en la Patagonia; las consultoras coinciden en un pronóstico inflacionario anual del 31,8 %; se paran los contratos en el INVAP; se despiden periodistas de Télam y otros medios, y así una larga catarata diaria de malos anuncios que ningún medio puede ocultar.

Claro está que lo que aparece de la mano de una investigación periodística deberá recorrer un largo camino, donde el chofer Centeno, extorsionado por su ex mujer, quién se dice es la que facilita las copias de los cuadernos, deberá ahora convertirse en arrepentido colaborador para atenuar la condena por su autoincriminación en la causa y presentar pruebas fehacientes. Hoy hay sólo copias de los cuadernos y la confirmación del arrepentido de haberlos escrito. Faltarán las pruebas caligráficas, si aparecen los originales, para constatar las fechas, y los peritajes que constaten los relatos allí vertidos. Hay muchas preguntas.

No obstante hay un objetivo ya sobradamente cumplido: la instalación mediática, las detenciones y el involucramiento presunto de los funcionarios públicos a los que se quiere exponer.

Trascendía hasta aquí en todos los medios, que sería inminente la excarcelación de los empresarios involucrados, lo que desata la profunda sospecha de hasta dónde se está dispuesto a ir en la declamada lucha contra la corrupción, en caso que esta causa inicie un serio proceso.

Claro, porque entre los empresarios involucrados, que componen lo que se denomina desde hace décadas como la “patria contratista”, hay una larga lista de posibles involucrados que tienen numerosas vinculaciones con los funcionarios del actual gobierno, como es el caso de Ángelo Calcaterra, ex IECSA, primo del mismo presidente.

La causa desata ilusiones que pronto se desvanecen, cuando se recuerda que la Oficina Anticorrupción está en manos de una funcionaria de las filas del propio gobierno como Laura Alonso. Fue ella quien supo camuflar presuntos actos de corrupción en abordajes de “conflictos de intereses”. Así fue con las diferentes denuncias que desde los Panamá Papers, el Correo Argentino, la fuga de capitales, la evasión impositiva, el dólar futuro atravesó a números funcionarios.

En cambio en este caso de los cuadernos, cabe sospechar si no se tratará de una maniobra donde tal vez, con resignación, frente a la posibilidad de a una factible derrota electoral en el 2019, se pretendan reacomodar los negocios, correr de la contienda electoral definitivamente a la ex presidenta y conformar así en definitiva una oposición que elección mediante, retome y continúe el sendero trazado; con un país fuertemente endeudado, condicionado y disciplinado para que “cada cual atienda su juego”: el empresario a su dinero y el funcionario a su despacho.

Dice Alconada Mon, periodista del mismo diario de donde emana la investigación, en consideración de la aparición de los cuadernos: “Ese entramado incluye de todo: políticos, empresarios, periodistas y dueños de medios, jueces y fiscales, gremialistas, policías y espías, lobistas y mucho más. Y juntos conforman lo que un científico argentino que vive en Alemania, Matías Dewey, llama el “orden clandestino“.

Una lástima que la oportunidad de cambiar definitivamente, no se encuentre todavía en las manos de los que obviamente no participan de ese “orden clandestino”. Ellos son las mayorías. Son los miles de ciudadanos trabajadores, políticos, científicos, periodistas, docentes o artistas honestos, que buscan desde siempre Verdad y Justicia. Hoy conviven atónitos con semejantes manoseos. Se trata de una verdadera deuda, necesariamente política cuyo desafío está en construirse.

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