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“Los costos de las decisiones de este Ejecutivo los pagamos todos los contribuyentes”, expresó Ciuffolotti

San Martín de los Andes – Luego de que quedaran definitivamente sobreseídos todos los miembros de la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP), RSM entrevistó al ex secretario de Hacienda, Daniel Ernesto Ciuffolotti, quien hizo un análisis de lo que sucedió desde el momento en que el Ejecutivo se decidió por denunciar a la anterior gestión por usurpación de funciones y abuso de autoridad.

RSM: ¿Pasó inadvertido para la comunidad de San Martín de los Andes el fallo dictando el sobreseimiento a los integrantes de la CIAP de la gestión anterior, a partir de la denuncia llevada adelante por la Intendente Brunilda Rebolledo?

DEC: Sí, efectivamente… al circo de la denuncia, con conferencia de prensa incluída, los medios le dieron trascendencia sin embargo a las dos instancias de sobreseimiento por inexistencia de delito, prefirieron obviarlas.

RSM: ¿Nos puede hacer un repaso de toda la situación desde la denuncia hasta el fallo que la justicia dicta a favor de los integrantes de la CIAP y el ex intendente Fernández?

DEC: En el mes de julio de 2016 la intendente Rebolledo decide denunciar a los integrantes de la CIAP y al intendente Juan Carlos Fernández acusándonos de llevar adelante hechos encuadrados bajo las figuras penales de “usurpación de funciones” ( art. 246 inc 3 del CP) y “abuso de autoridad” ( art. 248 del CP) argumentando que la actuación de la CIAP y del intendente Fernández perjudicaba deliberadamente las arcas municipales. Luego de varias audiencias desarrolladas a lo largo del año, el 12 de octubre de 2017 el Juez de Garantías Dr. Mariano Etcheto declaró el sobreseimiento de todos los acusados por inexistencia de delito. Sin embargo, en lo que a mi entender constituye una clara persecución política y personal, la intendenta Brunilda Rebolledo, disconforme con lo determinado por la justicia, instruye a los abogados contratados por su gestión para que impugnen ante la justicia la decisión del Juez de Garantías y con fecha 7 de diciembre de 2017 el Tribunal de Impugnación Provincial compuesto por los jueces Dr. Federico Sommer (Presidente), Dr. Richard Trincheri y Dr. Fernando Zvilling hace lugar al recurso presentado por la querella, revoca la decisión dictada por el Juez de Garantías Dr. Mariano Etcheto y determina que la causa siga su curso. Finalmente, luego de una serie de interminables audiencias, los días 14 y 15 del pasado mes de agosto se llevó adelante el juicio oral y público en dependencias del juzgado de la ciudad de Junín de los Andes. Allí la querella municipal representada por el Dr. Cuevas y las defensas que representan a los integrantes de la CIAP y al ex intendente Fernández presentan sus testigos. Luego de escuchar durante dos días las exposiciones de los testigos y revisar las pruebas colectadas, el Juez Dr. Juan Pablo Balderrama dicta su veredicto. En la sentencia declara textualmente: “…el único remedio es el dictado de una sentencia absolutoria, por considerar que los hechos no superan el análisis de tipicidad de las figuras penales.

Por ello, RESUELVO:

I. DECLARAR NO CULPABLE y ABSOLVER A Juan Carlos Fernández, de demás circunstancias personales relatadas, por el hecho que fuera objeto de acusación en el presente. ( conf. art. 8 y 196 del CPP).

II. DECLARAR NO CULPABLE y ABSOLVER a Santiago Rojas, Daniel Ernesto Ciuffolotti Alberto Pérez y Salvador Vellido, María José Batellini, Malva Elizabeth Pérez, Ramiro Muñoz, Segundo Nemesio Andrade, Héctor Gaggia y a Víctor Juan Mansilla de demás circunstancias personales relatadas, por los hechos que fueran objeto de acusación en el presente. ( conf. art. 8 y 196 del CPP).”

RSM: Considerando que la sentencia es muy clara respecto a la actuación que les cupo a cada uno de los integrantes de la CIAP y al intendente Fernández, ¿cuál considera usted que fue el motivo de esta denuncia que a todas luces carecía de fundamento?

DEC: No tengo dudas que se trató de una clara persecución política y personal a los integrantes del ejecutivo anterior y a los representantes de los trabajadores municipales que integraban la CIAP. Ya desde la campaña electoral del año 2015 la intendenta Rebolledo y el Sr. Ramón Asmar se ocuparon, en cuanto medio les diera micrófono y pluma, de denostar lo legislado por el Convenio Colectivo de Trabajo Municipal argumentando que a su “criterio” es un impedimento para gobernar. El único “impedimento para gobernar” es la incapacidad y la ineptitud propia, no hacerse cargo de su mediocridad y responsabilizar a otros de su permanente impericia. Lejos de representar un impedimento para gobernar, el Convenio Colectivo de Trabajo es una herramienta fundamental en la relación entre el ejecutivo y los trabajadores que fue aprobada por Ordenanza Municipal votada por unanimidad de todos los representantes de los ciudadanos de San Martín de los Andes. Es obvio que para quien llega al sillón de la máxima autoridad del pueblo sin entender de qué se trata el asunto y se rodea de algunos incapaces que sólo procuran su propio beneficio, cualquier ordenanza sin importar sobre qué tema trate supone un impedimento para gobernar.

RSM: ¿Qué opina sobre los costos políticos y económicos de todo este proceso?

DEC: Los costos en todo sentido los terminamos pagando los contribuyentes de San Martín de los Andes. Políticamente porque este tipo de actitudes vengativas y persecutorias desplegadas por quienes deben velar por los intereses, ilusiones y bienestar de aquellos que les confiaron los destinos del pueblo por cuatro años sólo causan divisiones y tensión social. Desde el punto de vista económico nada de esto es gratis para el contribuyente, a los abogados contratados por la gestión para llevar adelante “aventuras judiciales” como esta hay que pagarles honorarios que nunca son baratos sino todo lo contrario. A eso, debemos pensar en sumar los costos derivados de alguna posible acción por parte de los afectados por denuncias sin fundamento. En definitiva, la necedad sumada a la obcecación y la ignorancia siempre traen aparejados costos.

RSM: Luego de esta experiencia, ¿piensa continuar en política…?

DEC: Decididamente…!! Siempre, donde me tocó actuar, lo hice con honestidad y dedicación. Nunca tuve dudas que participé de una gestión, donde si bien pudimos hacer más, quienes la integramos podemos enorgullecernos de la manera honesta con la que llevamos a cabo nuestro trabajo. La justicia se encarga de poner las cosas en su lugar y hace salir a la luz la verdad por encima de las mentiras y difamaciones de las que fuimos objeto por parte de los que quieren disfrazar su incapacidad e ineptitud para gobernar con “fuegos artificiales” que ya no confunden a nadie. Lamentable para todos los sanmartinenses que estas personas hayan llegado a ocupar sitios de poder.

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