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Pruebas Aprender: la mala nota

El jueves 18 está previsto realizar las pruebas Aprender en un nuevo escenario de polémicas. Se suma este año el anuncio de un “reajuste” en el operativo, que en realidad suena a otro ajuste. Ni las pruebas son ajenas a los recortes.

Las pruebas Aprender fueron diseñadas supuestamente para evaluar la calidad educativa respecto de los aprendizajes alcanzados en los distintos niveles de enseñanza a lo largo y ancho del país.

Son dispositivos estandarizados que se aplican desde el 2016, que pretenden sistematizar la información que se obtiene mediante pruebas tomadas en las escuelas. El objetivo que se expresa oficialmente es: “obtener y generar información oportuna y de calidad para conocer mejor los logros alcanzados y los desafíos pendientes en torno a los aprendizajes de los estudiantes para contribuir a procesos de mejora educativa continua”.

Estos dispositivos fueron desarrollados desde el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Evaluación Educativa y con el acuerdo del Consejo Federal de Educación.

Para este año la “nueva edición 2018” contempla un “reajuste” según el Ministerio, que consiste en evaluar sólo a los alumnos de la primaria (6to. grado), excluyendo a los estudiantes del secundario.

Así desde este año se alternarían primaria y secundaria, siendo el año que viene el turno para la secundaria.

Como en estas temáticas siempre es posible encontrar los argumentos necesarios para justificar cualquier decisión, los esgrimidos ahora son: “darles más tiempo a las escuelas y las jurisdicciones para que trabajen con los resultados, con la información que provee la evaluación. Por otro lado, queremos evitar que los estudiantes se preparen para la prueba y de este modo el instrumento no refleje exactamente la calidad educativa”  declaró Elena Duro, secretaría de Evaluación Educativa.

En una reciente nota que publica el diario La Nación: (Click Aquí) la secretaria justifica con una “media biblioteca” estos argumentos diciendo que: “contundentes estudios y voces de expertos (Unesco; OCDE; y órganos de evaluación de diferentes países de la región), señalan que la frecuencia anual va en detrimento del verdadero sentido de la evaluación y puede inducir a riesgos metodológicos”.

Otra media biblioteca opina lo contrario, según fueron apareciendo expresiones de diferentes expertos que tuvieron lugar en los distintos medios de difusión en estos días.

Lo cierto es que como en otras acciones de gobierno, esta vez también fueron muchos los funcionarios que debieron salir a desmentir el aparente motivo por el cual se tomó dicha decisión, y como dice el popular dicho: “no aclares que oscurece”.

En la provincia, una vez más, el sindicato docente Aten, salió a cruzar el carácter de estas pruebas y además convocó a un paro activo para el jueves.

Por su parte la ministra de Educación de la provincia Cristina Storioni cuestionó el paro, al tiempo que apoyó el operativo, diciendo que la medida es política, ya que va contra el gobierno nacional, y que afectaría a todo el sistema educativo, cuando el operativo sólo se aplica a 6to grado, la evaluación insume una hora y media y se prevé que el dictado de clases sea normal en el resto del tiempo.

El argumento esgrimido por el gremio, para oponerse a este operativo consta de varios puntos que dicen: “- Nos oponemos, principalmente, porque se trata de un operativo que concibe la evaluación como un fin en sí mismo y de carácter punitivo.

-Reduce la participación real de lxs compañerxs a meros aplicadorxs, y a lxs estudiantes a sujetxs pasivxs de estudio.

-Son evaluaciones estandarizadas, elaboradas en un contexto ajeno al que se desarrolla un proyecto educativo, genuino, pensado y adaptado a las necesidades de cada comunidad educativa.

-Reducen la tarea de directivxs y docentes a “VEEDORES” de las escuelas en las que se aplicará la prueba.

-No participamos lxs docentes en la elaboración y el diseño de dicha evaluación.

-Se presenta como un documento externo de medición sin atender a la relevancia social de los aprendizajes y la evaluación integral que nuestras compañeras/os construyen cada día.

Pero se aclara especialmente además que la oposición es a este Operativo y metodología y no a la evaluación como parte del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Es que se supone que la evaluación pedagógica e institucional está siempre presente, y es parte ineludible de la tarea docente.

El tema de fondo es que no puede concebirse una evaluación de estos procesos si no se refiere el contexto real y condiciones materiales en donde se desarrollan las tareas.

Las pruebas no pueden ser cerradas y universales, además de ser ajenas a las necesidades que se plantean en la comunidad educativa donde se las aplica.

Es por ello que quedan fuera de contexto al desconocer la relevancia social de los aprendizajes que se pretenden construir en cada una de estas escuelas.

De este modo se entiende que es indispensable, como en cualquier proceso del sistema educativo, contar con la participación y el consenso de toda su comunidad, para poder lograr mejoras en la calidad educativa, que seguramente pretenden todos sus integrantes.

Por ello habrá una coincidencia explícita este jueves entre el gobierno y el gremio: que el paro es político.

Claro, porque  el debate contempla posicionamientos fuertemente políticos acerca de una condición que debe ser política de estado; y que es el rol y función que debe cumplir la educación en la sociedad, su papel protagónico para el desarrollo, el grado de prioridad que significa para la sociedad en su conjunto o el compromiso que debe representar para todos sus actores.

De manera tal que pueda ser la educación en verdad un derecho social, garantizado por el Estado, para todos y todas las personas, a fin no sólo de evaluarlo externamente, sino también de generar, sostener y garantizar las condiciones económicas, materiales, laborales e institucionales para el cumplimiento de ese derecho universal.

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