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No voy en bondi ni voy en avión

El ajuste alcanzó esta semana al transporte local y nacional, sin medir sus consecuencias. Se desprende un debate que no puede dejar de darse.

Cuando se vulnera un derecho público como el de la movilidad, que utilizan los integrantes de miles de familias que deben trasladarse para dirigirse al trabajo o a la escuela se encienden las luces amarillas.

Si se pretende llevar el boleto de colectivo en forma escalonada, pero inmediata, a cerca de $30 es porque no se entiende lo que es un derecho público.

Cuando el estado municipal no puede, ni quiere intervenir, gestionando los recursos para que se subsidie el transporte, de manera tal que sea accesible a la mayoría de sus usuarios, estamos en problemas.

Estos fondos son los que dispone el Estado provincial, luego de acordar el pacto fiscal; que además cuenta con un beneficio extra, producto del alza del dólar y del aumento en la coparticipación.

No se entiende entonces porqué no se han gestionado los recursos a tiempo, agotando todas sus instancias; y en todo caso, cuál es la necesidad de encubrir con complicidad el ajuste que aplica el gobierno nacional y provincial, cargándolo sobre los bolsillos de los usuarios.

En el Concejo Deliberante no todas las voces son iguales. Los seis ediles que aprobaron el aumento deberán asumir la responsabilidad de lo votado ante sus representados. Y aquellos tres concejales que se opusieron al aumento, no sólo fueron capaces de representar los intereses de muchos que los votaron, sino que además fundamentaron con claridad algunos ejes del debate.

Por ejemplo delimitaron la responsabilidad que le cabe al Ejecutivo de anticiparse a lo que se sabía que ocurriría, resolviendo los problemas a tiempo, por delante de ellos y no cuando se consuman.

Por otro lado expusieron con claridad, que la responsabilidad no es de la empresa que debe asumir mayores costos, producto de las desacertadas políticas económicas, donde se incrementan los gastos de combustibles vía desregulación de sus precios; como así la de los otros insumos, producto de una inflación que alcanzará seguramente un valor anual cercanos al 50% y que desde ya afecta a todos por igual, pero que especialmente padecen los sectores de menores recursos.

El problema detallado por estos concejales que se opusieron al aumento, describe también como el congelamiento de los subsidios afecta (y seguirá afectando más aún) el costo del boleto; y como también inciden los incrementos del gasto las extensiones necesarias de los servicios, en una ciudad que crece.

Así, el cumplimiento del contrato con la empresa no es un argumento aislado, sino que el debate debe entenderse a la luz de las incompetencias en la gestión municipal y en la incomprensión del derecho de los usuarios, que se vulnera.

Los mecanismos institucionales funcionaron. Nadie debe confundirse. No se trata de los políticos como algunos quieren distorsionar, sino de las políticas de muchos de estos funcionarios, que a la hora de representar los intereses genuinos de la gente, prefieren defender los intereses de aquellos sectores desde donde provienen sus fuerzas políticas.

Algunos también se sienten cómodos con el desprestigio de la “clase política”; desconocen que la consecuencia de ello conduce inexorablemente a mayores padecimientos de los sectores más vulnerables y que siempre fue funcional al poder dominante y concentrado, para continuar llevando adelante el mismo modelo económico pero con mayor profundidad y brutalidad.

Pero ocurre además que no todos poseen la misma mirada sobre los problemas. Y parece que los derechos públicos elementales no forman parte justamente de esta mirada. Tampoco del rol del Estado.

En simultaneidad con esta situación local, ocurrió el conflicto en Aerolíneas Argentinas.

Los gremios aeronáuticos retuvieron tareas, provocando la cancelación de 258 vuelos y afectando la circulación de unos 30.000 pasajeros.

Los reclamos se basaban en el no cumplimiento de la empresa con la aplicación de los aumentos previstos y a otras demandas.

La respuesta inmediata del gobierno, aprovechando el caos producido y la difusión mediática sesgada, consistió en la amenaza de privatización, lo que instaló inmediatamente el reiterado debate sobre la función estratégica de la línea de bandera. Se recordó reiteradamente el “gasto” del subsidio que se otorga a Aerolíneas Argentinas.

Las sospechas fueron inmediatas, al denunciarse por parte de los trabajadores y muchos expertos del sector, que el interés finalmente en esa respuesta, desatendiendo los reclamos, fuera acaso la de quebrar la empresa.

Así se podría facilitar a las líneas aéreas privadas vigentes y las nuevas, a las que se les acaba de otorgar operaciones de vuelos, los usos de las rutas más rentables y concederles el negocio aéreo.

En nuestra región sobra experiencia para reconocer lo importante del valor estratégico de la comunicación para el desarrollo del turismo y la economía. También de la salud, en el caso de los vuelos sanitarios.

Por ello no escapa a nadie, que el subsidio también en este caso, no es un gasto, sino un facilitador del desarrollo de las economías regionales como así también la necesidad de conectividad entre las diferentes regiones.

Una vez más se pretende cargar sobre los trabajadores la responsabilidad de lo que debería ser ya una política de Estado que no puede ponerse en dudas.

Como se carga aquí sobre los usuarios, lo que debe ser el reconocimiento por parte del Estado de un derecho.

Así, ni en bondi, ni en avión (tampoco en auto teniendo en cuenta el valor del combustible), vamos a llegar a ningún lado.

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