Tras el acuerdo con los pobladores de Quila Quina el gobierno provincial impulsa el relevamiento territorial de las comunidades Mapuche

La provincia, a través de la secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, suscribió el convenio específico para la co-ejecución del relevamiento técnico, jurídico y catastral de comunidades indígenas de Neuquén.

Una vez firmado por el gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (IANI) y que Nación disponga los fondos que por ley tiene la obligación de afectar, se iniciarán los relevamientos en las comunidades indicadas en el acuerdo, con asiento en los departamentos Aluminé, Catan Lil, Collon Curá, Confluencia, Huiliches, Lácar, Los Lagos, Ñorquín, Picún Leufú, Picunches y Zapala.

Se trata de una continuidad de la revisión ordenada por Ley 26160, mediante el programa nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y ordenó realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de sus tierras, determinando que el INAI sea el órgano responsable de dicha ejecución.

Se incluyen, además, las tierras de invernada para poder determinar la ocupación actual, tradicional y pública. Mientras que la revisión de las tierras de veranada se regirá por un régimen especial establecido por la ley provincial Nº 263.

Vale recordar que el artículo Nº 53 de la Constitución de la Provincia del Neuquén, reformada en 2006, reafirma los preceptos nacionales de respeto hacia los pueblos indígenas y establece que “la Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos como parte inescindible de su identidad e idiosincrasia provincial”.

Al mismo tiempo, “garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural” y agrega también que “la Provincia reconocerá la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos”.

Además, indica que “asegurará su participación en la gestión e sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, proveyendo acciones positivas a su favor”.

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