La Defensoría pidió informes al ejecutivo para saber si se está infringiendo la manda judicial

Ante las declaraciones radiales en las que la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Angélica Astete, de las que se entiende que los residuos no se estarían depositando en la V celda, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente se vio obligada a solicitar información veraz. Por ello envió una carta documento en la que se le pide que en 24 hs, responda si esa información es verdad o no.

El Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo, explicó que como el organismo es parte involucrada y contralor sobre la garantía de derechos, no tiene más opciones que realizar este pedido de informes. En tal sentido explicó que la manda judicial impide la apertura de otra celda. “Igualmente, nosotros, de acuerdo a la respuesta del departamento ejecutivo, solo podemos denunciar. El juez es el que determina si se cumple la manda judicial, o no”.

La semana pasada, cuando se cerraban el vertedero, se conoció una propuesta de Werefkin para habilitar un espacio entra la celda 1 y la celda 4 en el que se podría implementar una celda provisoria esperando la apertura del vertedero regional de Alicurá. De la misma propuesta se desprende que no es una acción inmediata, sino que requiere una preparación, por lo que, en primera instancia parecería impracticable en el corto plazo.

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